La vice había denunciado a Lemoine y al biógrafo del Presidente
El juez Sebastián Casanello le encomendó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal que revise los mensajes que se difunden en redes sociales contra la titular del Senado. En plena pelea con Milei, ella había señalado que estaba siendo hostigada por las huestes tuiteras del mandatario.
El juez federal Sebastián Casanello está investigando si existe un ataque coordinado contra Victoria Villarruel, como ella viene denunciando desde el año pasado. La vicepresidenta sostiene que hay tuiteros mileístas que la hostigan y hasta la amenazan de muerte. Entre los apuntados por la titular del Senado están Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente, y la diputada nacional Lilia Lemoine, quien suele funcionar como vocera de Javier y Karina Milei.
El viernes pasado, Villarruel agitó la interna oficialista al retuitear a una usuaria de X que decía que era gravísimo naturalizar las amenazas de muerte contra la vicepresidenta, mientras arrobaba a Alejandra Monteoliva, la reemplazante de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
No es una historia nueva; es parte de la interna descarnada que se libra entre la Casa Rosada y el Senado.
El 4 de agosto pasado, Villarruel había presentado una denuncia en la que advertía sobre publicaciones contra el poder que preside, su persona y su círculo de confianza. Afirmaba que se trataba de un delito grave, como son las amenazas contra el orden constitucional. El subtexto de la denuncia es que personajes cercanos al Presidente la estarían amenazando para forzarla a renunciar, sobre todo después de que Milei le dedicara la caracterización de “bruta traidora” durante su intervención en La Derecha Fest, que se hizo en la provincia de Córdoba.
Entre los denunciados por Villarruel estaban, entre otros, Lemoine —que la acusaba de golpista en distintas publicaciones— y Márquez, quien le achacaba un nivel de vida que no podía justificar. Como contó este diario, Márquez incluso había acusado a su vieja socia en las organizaciones de “memoria completa” de recibir financiamiento de Roberto Bravo, el fusilador de la masacre de Trelew que está prófugo en Estados Unidos. En la denuncia figuraban también El Pubertario y El Trumpista, entre otros.
Inicialmente, Casanello delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, quien dividió los tuits que había presentado Villarruel en tres tipos distintos. Por un lado, los que podrían constituir amenazas —como uno publicado por un usuario el 25 de junio que decía “va a aparecer muerta”—. Por otro lado, los que podían constituir calumnias o injurias, que son delitos de acción privada y, por ende, no implican la intervención del Ministerio Público. En un tercer grupo, Picardi ubicó mensajes que no constituían delitos, aunque resultaban repudiables.
Incluso en el supuesto de que no se tratara de delitos, el fiscal sostenía que se estaba ante un “caso de violencia por razones de género que se da en un entorno digital, con aristas políticas y mediáticas”. En esa caracterización incluía algunos de los mensajes de Márquez.
Villarruel no quedó conforme con el dictamen de Picardi y pidió que lo revisara su superior, es decir, el fiscal ante la Cámara Federal porteña. José Agüero Iturbe respaldó lo que había dictaminado el titular de la Fiscalía 5 de Comodoro Py. “No se trata de una interpretación antojadiza de los acontecimientos sino de la flagrante ausencia de elementos que siquiera permita en esta instancia promover el impulso de la acción penal respecto de los hechos cuestionados”, contestó Agüero Iturbe.
Sin embargo, Casanello tuvo por querellante a Villarruel y consideró que había que investigar, según pudo saber Página/12. El juez reasumió la investigación y le ordenó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina (PFA) que indagara en los tuits y en los usuarios señalados por Villarruel. Entre ellos, estaban Márquez y Lemoine –quien, a priori estaría incluida entre los tuiteros a ser observados. Todo indica que la investigación deberá buscar si existen interacciones entre quienes Villarruel apunta como sus atacantes. Más difícil será demostrar que coordinaron una acción destituyente.
Casanello entendió que podría estarse ante un caso de violencia contra las mujeres en la vida política. En ese sentido, no coincidió con la línea impulsada por la fiscalía de dividir los tuits según distintos tipos de acciones (amenazas, calumnias e injurias o ausencia de delito).
“Las características de los sucesos denunciados —al igual que la dinámica propia del campo de las redes sociales— aconsejan su análisis conjunto, cuanto menos de inicio. En este sentido, se advierte que puede resultar prematuro distinguir entre distintas porciones de hechos, desdibujando su real dimensión y gravedad. La eficacia de la investigación y el descubrimiento de la verdad dependen de eso”, señaló en una resolución firmada en diciembre, antes del inicio de la feria.
“La naturaleza de la violencia denunciada impone el esfuerzo de la debida diligencia, dándole un contorno público a la materia, acentuado por la alta magistratura desempeñada por quien se presenta como víctima (la querella, en sus sucesivas presentaciones, da cuenta de que el accionar denunciado continúa a diario en las redes)”, añadió Casanello.
Después de la denuncia de Villarruel, Carlos Maslatón sacó del arcón de los recuerdos unas fotos que mostraban que todos solían ser amigos no hace mucho tiempo.
En las imágenes que compartió Maslatón en X se veía a Villarruel cenando junto a otros exponentes de la derecha procesista: Márquez; Vicente Massot (otrora dueño de La Nueva Provincia de Bahía Blanca e imputado por crímenes de lesa humanidad); el economista y actual senador Agustín Monteverde; Agustín Laje (referente de la Fundación Faro, el think tank de La Libertad Avanza); Juan Bautista “Tata” Yofre (actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia); y José Martínez de Hoz, hijo homónimo del ministro de Economía de la dictadura que decía que Jorge Rafael Videla merecía el cielo por su tarea, como recuerda Julián Zícari en su libro Martínez de Hoz: el jefe civil de la dictadura.
Martínez de Hoz hijo es dueño de uno de los estudios jurídicos más importantes de la “City”. Fue también presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, una institución conservadora que apoyó la cruzada del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Villarruel. El Celtyv se creó básicamente como reacción contra la reapertura de los procesos contra los represores y con el afán de perseguir judicialmente a los militantes de los años ’70 que sobrevivieron al exterminio.
Ese encuentro, ocurrido en octubre de 2018, no habría sido del todo grato para Villarruel, según contó Márquez. A la abogada no le habría caído en gracia la sugerencia de Martínez de Hoz de financiar una ONG para que Márquez y Laje libraran una “batalla por las ideas”.
Márquez y Villarruel solían militar a principios de los años 2000 en torno a la asociación Memoria Completa. Cursaron juntos también en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, ligado al Pentágono de los Estados Unidos, pero la convivencia entre ambos no habría sido del todo fácil. Tanto Márquez como Cecilia Pando suelen hablar pestes de su vieja compinche Villarruel.
Fuente: Pagina12
