Los apuntados por los chats son los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques y el fiscal porteño Juan Batista Mahiques, además del ministro de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro.
Hertzriken Velasco consideró que teniendo en cuenta la presentación efectuada hace «40 días», cuando se conoció la realización de este viaje a propiedades que el magnate inglés Joe Lewis posee en la zona cordillerana de Río Negro, sea «tenido como acusador particular y parte querellante en el proceso».
«Como ciudadano rionegrino me siento personalmente ofendido por los delitos que el grupo aludido presuntamente cometieron, también como abogado y más precisamente como Presidente de la Fundación de Abogados Querellantes», señaló en su escrito el letrado.
El domingo pasado, trascendió el contenido de unos chats que mantuvieron los involucrados, quienes intentaban coordinar una versión falsa sobre este viaje con la intención de evitar una investigación judicial por dádivas.
Ahora, este viaje está siendo investigado en la justicia, y Hertzriken Velasco calculó que la «dádiva» de los empresarios a los jueces ronda entre los 5.000 y 10.000 dólares.
Por eso, el letrado consideró que la situación amerita sus detenciones ante el peligro de «entorpecimiento investigativo», y también pidió el secuestro de los teléfonos celulares involucrados, el allanamiento de los despachos de los magistrados y los resúmenes bancarios del último mes, entre otras medidas.
En el mismo pedido, el abogado solicitó el desafuero de los jueces y su llamado a indagatoria.
El comunicado del Gobierno sobre la denuncia de Lago Escondido
A través de un comunicado oficial publicado este miércoles, la Portavoz de la presidencia, a cargo de Gabriela Cerruti, explicó los motivos de la denuncia y por qué se considera al viaje como un delito:
«El escrito plantea que ‘en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción’”.
A su vez, según el comunicado, la denuncia aclara que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
