Lo que comenzó como una vigilia pacífica derivó en incidentes durante la madrugada. Tras ello, se ordenó el avance de grupos operativos para desalojar las calles linderas a la Jefatura, lo que provocó un choque directo entre los efectivos policiales.
Tras este enfrentamiento, un sector de los efectivos bloqueó los ingresos e inició una quema de cubiertas en la zona. La medida no se limitó a Rosario: en la ciudad de Santa Fe, los móviles rodearon la Casa de Gobierno, replicando el malestar.
La Asociación Profesional Policial (Apropol) y los voceros de la movilización aseguran que la situación es “insostenible”.
Entre los puntos principales del reclamo figuran una recomposición salarial real que ubique el haber inicial por encima de la canasta básica total y la actualización de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP).
También se exigen mejoras en las condiciones de salud mental y física de los agentes, como el cese de sanciones administrativas para quienes participaron de las primeras marchas.
El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, reconoció la gravedad de la situación. Si bien el Gobierno anunció días atrás un plan de mejoras que incluía un plus mensual para personal de calle y aumentos en las horas extras, las bases policiales consideraron las medidas como “insuficientes” y “discriminatorias” para ciertos sectores de la fuerza.
En declaraciones recientes, las autoridades admitieron que no pueden garantizar el patrullaje normal en las zonas afectadas por la protesta, ya que una gran cantidad de móviles han abandonado sus cuadrículas para sumarse a la concentración frente a las jefaturas.
Mientras la tensión no cede, el gobierno santafesino intenta abrir canales de diálogo para evitar que la provincia quede desprotegida.
