La sesión está convocada para este miércoles, en un clima marcado por la negociación con los bloques aliados que reclaman la eliminación del capítulo de Ganancias, y una creciente tensión sindical en la calle.
El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó previo a la cumbre, en declaraciones a Radio Mitre, que mantendrían la reducción en el tributo: “Estamos firmes con una decisión, una modernización laboral y bajar impuestos, es la posición del Presidente”.
Santilli explicó que, de sancionarse la ley con la reducción en el impuesto, “tanto para las arcas de Nación como de las provincias, cada 400.000 nuevos trabajadores formales se recupera el 100% de impacto de Ganancias, es una meta alcanzable”.
Las definiciones parlamentarias en el oficialismo se dan mientras la CGT prepara una movilización al Congreso en rechazo al proyecto y sectores gremiales combativos avanzan con medidas de fuerza propias, que incluyen un paro de actividades de transporte y estatales, un plan de lucha que la central obrera rechazó convocar.
La sesión en la Cámara Alta será el primer gran test parlamentario del año para el Gobierno. En ese marco, la conducción libertaria busca evitar sorpresas y llegar al debate con el mayor nivel de previsibilidad posible, tanto en la votación en general como en los artículos más sensibles.
Reunión clave del oficialismo previo a la sesión en el Senado
La mesa política de LLA volvió a encontrarse con la mirada puesta en el poroteo fino del Senado y en la coordinación con gobernadores y bloques dialoguistas. El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación de los principales armadores políticos del oficialismo: Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Luis Caputo e Ignacio Devitt.
El foco estuvo puesto en asegurar apoyos y reducir el margen de conflicto durante la sesión, en un contexto en el que cada voto resulta determinante para el Gobierno.
Durante las últimas horas, los contactos con mandatarios provinciales y senadores aliados se intensificaron. El objetivo fue llegar a la reunión política con un panorama claro de los respaldos y de los eventuales costos de sostener o modificar algunos artículos del proyecto.
Además, Bullrich recibió a los presidentes de bloques aliados, en la que acordaron el cambio de unos 30 artículos, según confirmó la titular del bloque de LLA en el Senado.
Negociaciones contrarreloj con aliados y gobernadores
En ese marco de negociaciones contrarreloj se sucedieron varias reuniones en la Casa Rosada con mandatarios provinciales aliados, con el eje puesto en el impacto de la reforma y en la necesidad de garantizar el avance de la agenda legislativa.
Desde el Gobierno insisten en que la reforma laboral forma parte del plan para atraer inversiones y mejorar la productividad, un argumento que fue reiterado en los encuentros con dirigentes del interior. Sin embargo, también admiten que el respaldo parlamentario depende de equilibrios frágiles y de acuerdos que deben cerrarse antes de la sesión.
La mesa política este martes cómo traducir esas conversaciones en votos concretos y qué margen de maniobra tiene el oficialismo para sostener el texto sin abrir nuevos frentes de conflicto en el Senado.
La presión sindical y la fractura del frente gremial
Mientras el Gobierno define su hoja de ruta, el sindicalismo mostró señales de fragmentación. La CGT convocó a una movilización al Congreso para el miércoles, pero evitó llamar a un paro general, con la intención de que una demostración masiva en las calles durante el debate legislativo alcance para frenar los artículos más conflictivos para los gremios.
En paralelo, los gremios del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron un paro desde las 13:00. La medida afectará vuelos, trenes, subtes y el transporte de carga, con impacto en todo el país, y coincidirá con la marcha cegetista.
A esa decisión se sumaron otros sindicatos industriales y de servicios que optaron por medidas de fuerza propias, que se desmarcaron de la conducción de la CGT para elevar la presión sobre el Senado en la jornada del debate.
En la misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó una huelga de 24 horas con movilización al Congreso y llamó a “parar igual” aunque no exista una convocatoria formal de la CGT, según expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar, en un plenario federal de delegados y horas después de haberse reunido con Pablo Moyano.
