
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, solicitó en una nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, que tome parte activa en el resguardo de los derechos de la joven.
La solicitud de Gil Lavedra recibió el respaldo de Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, donde se encuentra matriculada Páez.
Agostina Páez prepara su defensa en Brasil
La letrada santiagueña fue recibida por el cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perrén, junto a sus abogados. El funcionario explicó que el encuentro sirvió para «pulir la defensa» y que le recomendó a la familia la posibilidad de contratar un abogado particular local, ya que un defensor de oficio podría haber «estirado los plazos» del proceso.
Por su parte, Páez señaló que el gesto que originó la denuncia fue una «reacción emocional» y describió el impacto personal que tuvo el episodio. «Nunca me imaginé la gravedad que podría implicar, así como no haber podido salir a la calle, vivir con miedo de que me hagan algo. Me tuve que mudar muy lejos porque ya se filtraba mi dirección», relató, en diálogo con TN.
La abogada argentina se mostró arrepentida de la situación pero a su vez, dijo estar preocupada por su caso ya que recibió malos tratos de parte de un policía que está con ella desde que la detuvieron. Si bien no dio detalles porque teme que sus declaraciones entorpezcan la investigación, Agostina sostuvo: «La mayoría de los policías me ha tratado bien, hay uno puntualmente que me ha hecho padecer todo este tiempo».
En la actualidad, está con tobillera electrónica y sin la posibilidad de salir del estado, imputada por el delito de injuria racial. No obstante, tuvo que mudarse más lejos porque se filtró la dirección del domicilio donde se encontraba anteriormente. La defensa de Páez planteó además que existe una construcción errónea de su imagen, potenciada por la mediatización del caso y de la campaña en Brasil donde se la condena por un delito que aún no se comprobó.


