Se investiga la existencia de un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio de un direccionamiento irregular en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas.
Esto “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y másters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.
Al tiempo que se desarrollaban las gestiones de las designaciones de intermediarios, la fijación de sus comisiones y el otorgamiento discrecional de coaseguros, según se describe en la causa, “se habrían dado distintas comunicaciones para el direccionamiento, en las que empresarios y funcionarios interesados, se contactaban informalmente con las diferentes reparticiones públicas para indicarles a qué productores de seguros debían designar”.
Tras centralizarse la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas que tomaron participación en el negocio de seguros sin seguir los procedimientos de selección previstos para los contratos, parte de los fondos obtenidos habrían sido inyectados en cooperativas y redundado en última instancia en beneficio de algunos de los intervinientes en la maniobra.
“Todo ello”, señala el escrito firmado por el juez federal Julián Ercolini, “conforme la aprobación primigenia que habría otorgado Alberto Ángel Fernández para la conformación de la estructura y la modalidad delictiva descriptas”.
“Además, aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”, concluyó.
Entre los participantes de estas acciones, quienes intervinieron “mancomunadamente en forma coordinada y funcional”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, además de los anteriormente mencionados fueron citados a declarar también Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana, Mauro Damián Tanos, Pablo Andrés Torres García, Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, Osvaldo Alfredo Tortora, Alfredo Fernando Del Corro, Hernán Marcos Bressi, Brian Kelly, Diego Nicolás Rosendi, Lucas Pablo Rosendi, Sebastián Ignacio Rosendi, Héctor Basilio Villaverde, Agustín Beraldi, Diego Carlos Marín, Ricardo Mauricio Clement, Hernán Alejandro Berretta, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, Javier Marcelo Rodríguez Gómez, Fernando Carlos Salim, Luciano Torre Arregui, Federico Alejandro D’angelo Campos, Santiago Fraschina, Andrés Severino, María Victoria Bisogni, Damián Gosso, Carlos Alberto Suárez, Mariana Lourdes Trupia, Alejandro Damián Celes y Déborah Toloza.